El pasado 15 de junio, la Asociación Jueces para la Democracia elaboró un comunicado demandando la adopción de medidas urgentes para remediar el retraso y la situación actual por la cual están atravesando los Juzgados y Tribunales del territorio de nuestro Estado.

Desde el año 2011, se congela la planta judicial, se eliminan 1.500 jueces sustitutos y dejan de constituirse Juzgados y Tribunales.

La litigiosidad, sin embargo, no para de crecer. La jurisdicción social se ha visto desbordada por las consecuencias de la crisis y por la aplicación de la reforma laboral, que ha contribuido objetivamente al aumento de las demandas por las ventajas que para las empresas supone resistirse a las pretensiones de los trabajadores. Además la supresión de los Jueces sustitutos ha ampliado en algunos casos los tiempos de respuesta de la jurisdicción, estimulando a los trabajadores a conciliaciones perjudiciales para sus intereses.

Otro tanto acontece con el orden jurisdiccional civil, también desbordado en algunas localidades por la ola de litigiosidad que han supuesto las reclamaciones contra cláusulas abusivas, la oposición a ejecuciones hipotecarias, contratos bancarios, permutas financieras, preferentes y últimamente la venta de acciones de Bankia.

Los Juzgados de lo Mercantil también se han visto sobrepasados por el incremento de las insolvencias empresariales y familiares, y por los litigios sobre condiciones generales de la contratación, en particular sobre cláusulas suelo, que están llevando los señalamientos a años vista. El orden contencioso ha sufrido vaivenes y el penal se ha convertido en el recipiendario de cualquier reclamación.

La situación actual no ha estallado de forma generalizada por el esfuerzo del personal de la Administración de Justicia y la magistratura. Sólo se comprende que pueda seguirse atendiendo el aumento de las peticiones de tutela judicial por la dedicación, cada vez superior, de los funcionarios y personal que tienen encomendado el funcionamiento de la Administración de Justicia y quienes integran el Poder Judicial.

Pese a la disminución de efectivos que ha supuesto la expulsión de los jueces y juezas sustitutos y suplentes, reducidos a un número prácticamente simbólico por la práctica desaparición de esta partida presupuestaria, se ha mantenido la respuesta judicial, pero a costa de un incremento significativo de la dilación. Cada vez son más los órganos sobrecargados, según los estudios del Consejo General del Poder Judicial, y cada vez más la demora de las fechas para celebrar vistas y juicios.

Por parte de esta asociación en dicho comunicado solicitan la solución inmediata ya. No es posible que sigan sin crearse Juzgados. La presente situación no se va a paliar con la actual política de precarizar las nuevas promociones de la judicatura, que se llevan de un lugar a otro con poco criterio y escasa efectividad. Los derechos de los ciudadanos, que son los que tutela el Poder Judicial, necesitan que éste se organice con un tamaño suficiente y mayor eficiencia. Es preciso volver al nivel de creación de Juzgados y Tribunales que había antes de que comenzara la crisis, aunque ello suponga una inversión notablemente superior a la que ahora se dedica a esta finalidad.

Por todo ello Jueces para la Democracia reclama del Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y Comunidades Autónomas con transferencia en materia de Justicia, que con la mayor urgencia acomoden el tamaño de la Administración de Justicia a las actuales necesidades de la ciudadanía, procediendo a la inmediata creación de los mil Juzgados que debieran haberse puesto en marcha durante el último lustro, con el fin de que la sociedad pueda seguir confiando a sus Tribunales la tutela, sin las actuales dilaciones, de sus derechos fundamentales y libertades públicas.