El pasado día 22 de Enero del 2016, se publicó en el BOE Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Administración de Justicia.
Dicho acuerdo, fruto de los sacrificios que han sufrido los funcionarios de la Administración de Justicia durante la crisis, reconoce dicho esfuerzo, y en consecuencia por parte del Ministerio se ha ofrecido, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas una batería de mejoras económicas, derechos profesionales y aumento y estabilización de las plantillas de funcionarios para los próximos años, así las cosas, destacamos algunas de las medidas recogidas en dicho acuerdo y dejamos el enlace para poder verlo en todo su contenido.
Aumento de Plantillas
De esta manera, en el punto Segundo del acuerdo se recoge que Tanto las reformas emprendidas como el incremento de litigiosidad en algunos ámbitos han puesto de manifiesto la necesidad de que determinados órganos cuenten con una mayor dotación de personal para poder así dar el servicio al que están llamados con las suficientes garantías de agilidad y eficacia.
Es por ello que Ministerio de Justicia y organizaciones sindicales acuerdan, en un plazo no superior a nueve meses, proceder a la conversión en plantilla de aquellos refuerzos que cuenten con una antigüedad mínima de tres años ininterrumpidos. A efectos de cómputo de dicha antigüedad se tomará como referencia el 1 de enero de 2013, sin que ninguno de estos refuerzos que en el momento de la firma de este acuerdo cumplan con estos requisitos sea suprimido hasta que se realice su consolidación.
Garantía de próximas ofertas de empleo público
En su punto Octavo, El Ministerio de Justicia se compromete a mantener, como se hizo en 2015 y se contempla para el año 2016, una oferta pública de empleo estable que permita seguir avanzando en el objetivo común de lograr la mayor profesionalización posible en los integrantes de la oficina judicial. Con ello se garantizará la incorporación del personal mediante la garantía de calidad que supone las actuales fórmulas de ingreso, dotando a las oficinas judiciales creadas, o que se creen, de la estabilidad y continuidad exigibles para el desarrollo de la función de apoyo al Poder al que sirven.