15 de septiembre de 2015.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado esta mañana en el Congreso de los Diputados el presupuesto del Ministerio de Justicia para 2016 que alcanza los 1.630 millones de euros. Asimismo ha destacado la función social de unas cuentas en las que se reforzarán áreas de especial sensibilidad para el ciudadano.

Catalá ha señalado que los presupuestos del próximo año, que se incrementan en más de un 7%, suponen una “nueva inyección al proceso de reformas de la Administración de Justicia” que contribuirá a reforzar los pilares de la construcción de la Justicia española del siglo XXI: rápida, ágil y eficiente; dirigida a garantizar la protección de derechos y libertades; solidaria y comprometida con su valor social; una Justicia al lado de las víctimas; que ofrezca un servicio público digital, sin papel y con los mejores recursos humanos, materiales y tecnológicos.

Cerca de 56 millones de euros se dedicarán a políticas en clave social y de gestión, como las subvenciones para la Asistencia Jurídica Gratuita prestada por abogados y procuradores. Igualmente, los recursos destinados a la asistencia psicológica de las víctimas y la realización de pericias psicológicas en procesos penales aumentan un 54,6%. Asimismo se consignan créditos de 6 millones de euros en diversos convenios con comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en materia de Justicia para el impulso de las nuevas tecnologías, la mejora de la Asistencia Jurídica Gratuita y la dotación de medios materiales. El ministro ha recordado que en las últimas semanas se han suscrito convenios con La Rioja, Cantabria, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

En relación con el capítulo de personal, Catalá ha destacado el incremento de 137 millones de euros que experimenta el presupuesto, hasta llegar a un total de 1.355 millones que contribuirán a la mejora de los medios humanos al servicio de la Justicia. Así, se incorporarán 100 nuevos jueces y fiscales y la Oferta Pública de Empleo para 2016 volverá a incluir más de 2.000 plazas para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia que reforzarán juzgados y tribunales.

El capítulo de las inversiones ha experimentado un crecimiento del 26%, aumentando en 20 millones de euros, con lo que alcanza un importe total de 98 millones de euros para 2016. Las líneas de trabajo preferentes serán la modernización tecnológica y la mejora de las infraestructuras.

Para la modernización tecnológica del sistema de Justicia y de los registros civiles la inversión se incrementará hasta los 79 millones de euros, 20 millones más que en 2015. Así, se reforzarán tecnológicamente los registros y se persigue llegar al objetivo de una Justicia digital, en red y sin papel, con una inversión de 65 millones de euros, un 36% más que en el pasado ejercicio.

En cuanto al Plan de Infraestructuras y Equipamientos, los recursos disponibles aumentan en un 4%, en total 19,4 millones de euros que servirán para la construcción de nuevos edificios judiciales en Badajoz, Ibiza, Guadalajara, Albacete, Segovia, Valladolid y Lorca, y la rehabilitación y mejora de sedes judiciales en Palencia, Ceuta, Soria y Trujillo. Catalá ha destacado también la permanencia de 3,7 millones de euros, vía transferencia de capital, con destino a la financiación de la construcción del Palacio de Justicia de La Rioja.

El ministro de Justicia ha destacado las inversiones en tecnologías clave en el servicio al ciudadano como son la renovación y modernización del equipamiento tecnológico del Instituto Nacional de Toxicología, la adquisición de nuevos microscopios electrónicos de barrido con servicios de microanálisis para el Servicio de Criminalística, nuevos cromatógrafos de gases y espectómetros de masas para los Servicios de Química y Drogas y nuevos secuenciadores para los Servicios de Biología, fundamentales para el análisis de ADN.

Catalá se ha referido a la incidencia de los nuevos presupuestos en los organismos adscritos a su departamento y ha anunciado un incremento del 18% para el Centro de Estudios Jurídicos, que dispondrá de un total de 12,3 millones de euros para su tarea de formación; así como el incremento del 2%, hasta llegar a 101 millones, para la Mutualidad General Judicial. La Agencia de Protección de Datos contará con casi 14 millones de euros para desarrollar sus tareas.