El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha participado en la Fundación Cámara de Sevilla en el que ha definido la Justicia como un pilar del Estado de Derecho, un servicio público que genera confianza a empresas e inversores a la hora de crear empleo y un sector de servicios prestados por profesionales que deben adoptar reformas de manera consensuada.
En esa línea, ha dicho Catalá, trabaja su ministerio, para que la Justicia sea más dinámica y ayude a liberar recursos agilizando los tiempos de respuesta, ya que, según ha recordado, hay unos 25.000 millones de euros que permanecen retenidos en distintos órdenes jurisdiccionales a la espera de una resolución judicial.
Las principales reformas:
- Proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobará próximamente y que tiene como pretensión acercar los servicios de la Justicia a los ciudadanos y equilibrar la carga de trabajo entre los distintos órganos judiciales.
- Asimismo, ha destacado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará la instrucción judicial y reducirá los plazos para dictar sentencias.
- La reforma del Código Penal que incrementará las penas y aumentará los plazos de prescripción de los delitos para conseguir que no haya margen de impunidad para los que incumplan las reglas de convivencia. Así, el ministro ha señalado que tendrán una mejor respuesta los delitos contra menores, los de violencia de género y las redes criminales.
Muchas de esas reformas se están aplicando ya, ha explicado el ministro, que ha recordado que el año pasado en Andalucía se firmó un convenio para la incorporación de nuevas tecnologías, lo que permitirá que en pocos meses se pueda notificar mediante SMS el estado de tramitación de un procedimiento, así como que abogados y procuradores se relacionen con el Ministerio de Justicia mediante correo electrónico y que la Oficina Judicial trabaje sin papel.