Acuerdo para la convocatoria de unas 280.000 plazas (más de 10.000 en la Admón. de Justicia) en una oferta extraordinaria de empleo público en el conjunto de las administraciones 

CCOO CONSIGUE EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MINISTERIO PUEDA CONVOCAR EL 90% DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

No obstante, para CCOO, la oferta es absolutamente insuficiente ya que el Gobierno se niega a crear ningún nuevo puesto de trabajo público, a recuperar los que ha destruido, a garantizar el poder adquisitivo de nuestros salarios y a recuperar ninguno de los recortes que permanecen en las retribuciones, en las bajas por IT, en la jornada laboral y en el resto de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicos/as

Según el acuerdo parcial alcanzado en la negociación del conjunto de las Administraciones Públicas gracias a la presión de CCOO, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 autorizará la convocatoria de hasta el 90% de las plazas estructurales actualmente ocupadas por personal interino tanto en los cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia, como en el personal estatutario de sanidad, personal docente no universitario, servicios sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación e inspección y sanción de servicios y actividades.

Se trata de que la Ley de Presupuestos “daría permiso” a estas administraciones para convocar estas plazas (hasta ahora lo impedía) y deberá concretarse en cada ámbito (en justicia, por ejemplo) el número de plazas y el sistema de acceso.

Esta oferta de empleo público extraordinaria se desarrollará en tres años, mediante una o varias convocatorias, lo que también se concretará en cada ámbito. Según nuestros cálculos, en la Administración de Justicia deberán convocarse más de 10.000 plazas, aunque el Ministerio sigue negándose a darnos los datos concretos tras varios años en que llevamos solicitándoselo.

A pesar del importantísimo avance que para la lucha contra la precariedad del empleo público supondrán estas medidas, para CCOO son absolutamente insuficientes porque:

  • Todas las plazas de plantilla de todas las administraciones y servicios públicos, estén o no ocupadas por personal interino, deben ser convocadas en OEP para ser cubiertas por personal de carrera para dotar de profesionalidad y estabilidad a dichos servicios públicos, evitándose así futuros recortes. En nuestro ámbito, por ejemplo, queda fuera el personal laboral.
  • Debe garantizarse anualmente el 100% de la reposición de los puestos que queden vacantes por cualquier causa (jubilaciones, fallecimientos, excedencias, etc.).
  • Debe incrementarse el empleo público en determinados sectores, como la Administración de Justicia, donde existen centros de trabajo con dotación de personal claramente insuficiente.

En la Administración de Justicia, CCOO vamos a seguir proponiendo:

  1. La conversión en plantilla de las plazas de refuerzo estructurales.
  2. Una convocatoria con todas las plazas en 2017.
  3. El concurso-oposición como sistema de acceso.
  4. La reserva del 50% de las plazas para promoción interna a todos los cuerpos, pasando al turno libre las que no quedaran cubiertas por la promoción interna.
  5. La cobertura efectiva de todas las plazas convocadas, aumentándose el número de personas aprobadas para cubrir las plazas que sigan estando vacantes por las renuncias o excedencias motivadas por quienes hayan aprobado para varios cuerpos o por quienes hayan aprobado por promoción interna.
  6. La convocatoria ordinaria nuevamente en 2018 y en los años sucesivos de ofertas de empleo público con todas las plazas y con el mismo sistema de los anteriores puntos.
  7. La creación de nuevos juzgados donde las cargas de trabajo así lo justifiquen con el incremento de personal correspondiente.

También se están negociando en mesa general otras materias de la Ley de Presupuestos y el Gobierno sigue sin reconocernos a los empleados y empleadas públicas nuestro derecho a recuperar los recortes que se nos aplicaron con especial saña con la excusa de la crisis económica. Este mismo gobierno que dice que la crisis ha terminado continúa empecinado en castigar a sus propios trabajadores y a sus propias trabajadoras ofreciendo:

  1. Una subida salarial en 2017 del 1% cuando la inflación está en torno al 3% volviendo a castigar nuestro poder adquisitivo.
  2. Mantener la jornada laboral de 37 horas y media semanales y anunciando beligerancia (recursos ante el Tribunal Constitucional) contra las administraciones que incumplan esta norma.
  3. Mantener los descuentos retributivos por IT continuando con el injusto castigo hacia quienes por motivos de salud nos veamos impedidos para asistir al trabajo.
  4. Impedir la creación de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de lo público manteniendo los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos aplicados hasta ahora.

Y todo ello sin ofrecer ni una sola medida tendente a recuperar las condiciones salariales de 2010 duramente recortadas a la clase trabajadora mientras especuladores y grandes empresas siguen llenando sus bolsillos a nuestra costa con la complicidad de estos gobernantes.

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